El Código Penal y la Inseguridad

A diferencia del Código Civil que contiene la normas que regulan la vida de los miembros de una sociedad en sus interacciones cotidianas desde antes de nacer y aún después de la muerte, el Código Penal es el complejo normativo emanado del estado que habilita la coacción como hecho excepcional.

En este sentido y siguiendo al maestro Zaffaroni, “la ley penal y los jueces que la ejecutan tienen como función principal contener el poder punitivo, para evitar que quede librado al puro arbitrio de las agencias ejecutivas y políticas. Los estados de derecho son estados de derecho históricos que contienen los estados de policía que encierran”.

Esta definición es contraintuitiva y contradictoria con el discurso hegemónico de la “seguridad” que se ha instalado en nuestro país, siguiendo doctrinas nada ingenuas impuestas por los centros de poder mundiales y que propone aumentar las penas y transformar en delitos toda conducta que no entre dentro de los cánones de lo socialmente aceptable, poblando las cárceles de pobres y excluidos del sistema.

Pero el problema de “inseguridad” es harto mas complejo e involucra variables económicas, sociales, educativas, culturales que exceden largamente el continente del derecho penal al que pretenden reducirlo los personeros de la “mano dura” cuya prédica ha sido sistemáticamente desmentida por la realidad. Lamentablemente ese discurso sigue siendo sostenido por el sistema de poder mediático y sigue confundiendo a ciudadanas y ciudadanos incautos y atemorizados

Desde su sanción en el año 1921 nuestro Código Penal ha sufrido alrededor de mil modificaciones. La mas recordada en nuestra historia reciente la “reforma Blumberg” originada en un hecho trágico como fue el secuestro y muerte de Axel Blumberg y la masiva movilización ciudadana que produjo, se propuso en su momento cómo solución mágica ante un aumento del delito de secuestros. Los hechos demostraron que la variación de ese y otros delitos tienen mucho más que ver con el control político de las fuerzas de seguridad y la autonomía que estas tengan para ejercer el poder punitivo, que los años de cárcel que le esperan a los perpetradores de los mismos.

El saldo que han dejado estas reformas parciales y oportunistas es un cuerpo normativo incoherente que, en algunos casos dificulta la tarea de los propios jueces penales con penas que se superponen o contradicen.

La propuesta de reforma del Código Penal que está impulsando el Poder Ejecutivo Nacional  y para la que ha convocado a representantes de todo el arco político se inscribe en la necesidad de realizar una reforma integral del mismo, especialmente para que las penas puedan tener un mayor equilibrio o proporcionalidad como así también establecer nuevos topes para penas mínimas y máximas. 
Se espera también que se incorporen nuevas figuras delictivas, especialmente las que están tipificadas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la de genocidio y desaparición forzada de personas, la violencia de género y los delitos contra la libertad sexual entre los que todavía se excluye la violación en el matrimonio.

En el marco del proceso de refundación del Estado que está llevando adelante la Presidenta Cristina Kirchner con medidas que apuntan a la recuperación de la soberanía política, económica y energética, las propuestas de reforma de los cuerpos normativos más relevantes se inscribe en la necesidad de fortalecer el estado de derecho que le da soporte a esa recuperada soberanía.

Un código penal moderno, coherente y racional no va a producir un descenso inmediato del delito ni aumentará la seguridad ciudadana pero permitirá una administración más eficiente de la justicia penal y de la garantía de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas

Por: Valentina Novick